¿Cómo y cuándo se enteraron del conflicto por el desalojo en el barrio Río Luján?
Nos enteramos a través del contacto directo que mantenemos con las vecinas y vecinos del barrio, quienes comenzaron a advertir situaciones de hostigamiento por parte de la policía. La presencia policial aumentó en los días previos al desalojo, y muchas personas nos alertaron de amenazas verbales que sugerían un operativo inminente, aunque en ningún momento se presentó una orden judicial formal. Esta alerta temprana fue posible gracias al trabajo sostenido que venimos realizando en la zona desde hace años. Al estar presentes de forma continua, no solo con proyectos de infraestructura, sino también generando vínculos de confianza con la comunidad, pudimos identificar que algo estaba por suceder, incluso antes de que se hiciera oficial o público.
¿Por qué decidieron involucrarse activamente en este caso en particular?
TECHO tiene como objetivo solucionar la emergencia habitacional y se rige por el derecho al hábitat. Cuando este derecho se pone en riesgo o se vulnera, sentimos que tenemos la obligación de involucrarnos.
¿Tuvieron reuniones con autoridades antes del desalojo? ¿Qué respuesta recibieron?
Sí, mantuvimos diversas instancias de diálogo con actores estatales y autoridades locales. Nos reunimos con representantes de la policía, con la Dirección de Integración Social y Urbana y también con concejales del partido de Escobar. Desde TECHO siempre apostamos al trabajo articulado con el Estado, porque creemos que solo así es posible encontrar soluciones reales y sostenibles. Sin embargo, en este caso nos encontramos con una enorme falta de voluntad o de capacidad para intervenir de manera adecuada. Fue muy evidente que, más allá del diálogo, no había una intención real de frenar el operativo ni de ofrecer alternativas.
¿Cómo se prepararon para afrontar el desalojo?
Lamentablemente, no tuvimos mucho margen para prepararnos porque el desalojo fue sorpresivo, se realizó antes de que salga el sol y justo después de Año Nuevo. Durante los meses previos sí intentamos generar espacios de diálogo, y logramos organizar reuniones con vecinos para que pudieran afrontar la situación de forma más organizada.
¿Qué asistencia brindaron durante y después del desalojo?
Estuvimos presentes físicamente, fue muy importante estar ahí, no solo para apoyar emocionalmente, sino también para garantizar que se respetaran, en la medida de lo posible, ciertos derechos básicos. Después del desalojo, seguimos trabajando junto a los vecinos. Colaboramos en la organización de ollas populares, que fueron fundamentales para sostener a las familias en los días posteriores. También ayudamos en la redacción de cartas de reclamo, en la recopilación de datos y testimonios, y en todo lo que estuvo a nuestro alcance para canalizar la indignación y el dolor en acciones concretas.
¿Qué obstáculos enfrentaron durante el proceso?
Principalmente la falta de respuestas claras del Estado. No hubo información sobre el operativo: ni una orden formal, ni número de causa, ni aviso previo. También fue notoria la ausencia deliberada del municipio, que no dio respuesta a las personas desalojadas.
¿Cómo impactó este episodio en el equipo de TECHO?
Fue un golpe fuerte. Operativamente, nos obliga a poner en pausa otras actividades de la organización. Emocionalmente, fue muy negativo para quienes estuvieron acompañando desde cerca. Este tipo de situaciones, por su gravedad, suelen ser acompañadas por profesionales desde las oficinas, más que por voluntariado general.
